Conindustria, Consecomercio y Cavidea expresan en comunicado su posición sobre la reforma de la Ley de Timbre Fiscal en el Estado Aragua
A continuación publicamos la nota de prensa enviada el día de hoy por las juntas directivas de Conindustria, Consecomercio y Cavidea:
Industria y Comercio en pie de lucha
Reforma de Ley de Timbre Fiscal en Aragua mantiene en riesgo empleos y abastecimiento de alimentos en el país
Ante la aprobación de la reforma de la Ley de Timbre Fiscal en el Estado Aragua, las juntas directivas de Conindustria, Consecomercio y Cavidea advirtieron que dicha reforma no tomó en consideración las propuestas de las cámaras y gremios, con lo cual se amenaza 63.000 empleos y el abastecimiento de productos básicos de la dieta de los venezolanos, que se producen en la zona, lo que incidirá directamente en la inflación
(Caracas – Especial).- Por medio de un comunicado conjunto, las juntas directivas de Conindustria, Consecomercio y Cavidea, advirtieron al país que la aprobación de la reforma de la Ley de Timbre Fiscal en el Estado Aragua, publicada en Gaceta Oficial N°1983, el 17 de agosto, no tomó en consideración las propuestas de las cámaras y gremios que representamos y fue aprobada a espaldas de la población, contrario a lo que han afirmado el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (CLEBA) y el Gobernador Rafael Isea.
“Aunque presentamos observaciones y se nos prometió estudiarlas, pasaron 8 meses y nunca se abrió el proceso constitucional de consulta pública. Finalmente, no se realizaron las modificaciones necesarias para corregir las distorsiones más importantes que venimos denunciando, que amenazan 63.000 empleos, además el abastecimiento de productos básicos de la dieta de los venezolanos, que se producen en la zona, lo que incide directamente en la inflación”, señala el comunicado.
De acuerdo con los representantes de la industria y el comercio, la reforma sólo efectúa pequeños cambios al texto sin valor práctico. El CLEBA y la Gobernación desperdiciaron la oportunidad política de corregir los vicios de inconstitucionalidad ya denunciados ante el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de haber demostrado que se pone en riesgo la continuidad operativa de todas las empresas.
El análisis de la ley reformada revela que los vicios más significativos que se mantienen son: el uso metros cuadrados como método de cálculo del valor de las estampillas, el cobro de tasas por servicios prestados por el Poder Nacional en cantidades superiores a las contempladas en la Ley de Timbre Fiscal Nacional, la invasión de competencias municipales y doble tributación por el cobro de tributos municipales, y la desproporción entre el valor de las tasas y el costo del servicio.
El comunicado expresa que es inaceptable que la Gobernación pretenda realizar cobros millonarios por servicios que no le cuestan nada. Por ejemplo, una empresa antes pagaba Bs. 45 bolívares por la estampilla que se pega al permiso de bomberos y ahora deberá pagar alrededor de Bs 540.000 o más, lo cual representa casi 1,2 millones por ciento de incremento; a su vez, hay comercios que pagaban Bs 450 por la estampilla que va en el uso conforme, que ahora les costará alrededor de Bs. 405.000 o más, lo cual es casi 90 mil por ciento de aumento.
“¿Cuál es el sentido, señor Gobernador, de obtener unos ingresos desproporcionados e inconstitucionales a costa de la industria y el comercio sin importar que estos cierren y se destruyan puestos de trabajo? Esto conducirá a empeorar la calidad de vida del pueblo aragüeño”, puntualizan los gremios.
En ese sentido, las tres instituciones insisten en que tanto el Gobernador y Consejo Legislativo de Aragua, tienen oportunidad de de solucionar la crisis que se vive en el estado Aragua, si escuchan a los gremios y a todos los afectados, sin dejar a algunas partes fuera de la discusión. Solicitaron que se respete el derecho constitucional de participación, y que se abra la consulta pública y el proceso de reforma, como corresponde ante la ley.
“En lo inmediato, estamos sumando esta reforma inconsulta al recurso por inconstitucionalidad interpuesto el 19 de julio pasado contra la Ley anterior ante el Tribunal Supremo de Justicia. Confiamos en que esta instancia declare la nulidad de ambas leyes y de esta manera se le devuelva la paz a tantas familias que en este momento, en Aragua, temen perderlo todo”, concluye el comunicado.
